En el marco de diversas manifestaciones de educadoras y padres contra la disminución presupuestal de las estancias infantiles, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, expuso que en las entregas de la Cuenta Pública 2017 se observó que la Sedesol no logró acreditar que cumplieran con los requisitos de seguridad y calidad establecidos en las reglas de operación, ni se demostró la capacitación de responsables en asuntos como Protección Civil. Sin embargo, agregó, eso no justifica la suspensión de entrega de subsidios.
Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).– David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aseguró durante la presentación de la tercera entrega del informe de la Cuenta Pública 2017 que aunque la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cometió una serie de irregularidades en la implementación del programa de las estancias infantiles, no se justifica que se suspendan los subsidios.
En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el auditor expuso que a lo largo de las tres entregas de informes individuales el órgano fiscalizador detectó que la dependencia federal no acreditó que las estancias cumplieran con los criterios y requisitos de seguridad establecidos en las reglas de operación.
Tampoco demostró el cumplimiento de los los requisitos de calidad para ser afiliadas ni la capacitación de los responsables de las estancias en materias como Protección Civil.
«Estas recomendaciones administrativas que mejoran los procedimientos de adquisición o contratación de servicios, aun cuando hubiera también algunas denuncias, no justificarían en modo alguno la suspensión de apoyos a los derechohabientes como se empezó a manejar en un principio, de que por una recomendación de la Auditoría había suspendido la administración de los recursos», aclaró ante los diputados. «[Si] detectamos una falla en Pemex, entonces hay que parar la producción de petróleo, es absurdo. Pero así caminó».
En las últimas semanas, cientos de educadoras de estancias infantiles han manifestado su rechazo al recorte de casi la mitad del presupuesto al programa federal para 2019. El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha argumentado que se pasará a un modelo de transferencias directas para evitar intermediarios y accidentes como el de la Guardería ABC en Hermosillo Sonora, en el que murieron 49 niños por un incendio.
Las responsables de estancias aseguran que las irregularidades tienen origen en los funcionarios de la entonces Sedesol, ya que ellas no tienen acceso a los recursos, y que las transferencias monetarias no garantizan que el dinero se use para el desarrollo de los niños.
El Gobierno federal emitió un comunicado la semana pasada recuperando auditorías de las entregas pasadas de la Cuenta Pública 2017. No obstante, este miércoles Regina Tamés, directora de GIRE, dijo durante una conferencia de prensa que «hay algunas anotaciones en la ASF que son realmente mínimas» y también hay evaluaciones positivas.
«Si la respuesta frente a unas anotaciones de la ASF vamos ir a la medida del cierre, imagínense lo que va a pasar con instancias de salud, educativas. Esta podría ser una medida en muchos otros programas bajo el pretexto de una corrupción que no está comprobada ni existen datos», aseguró Tamés.
De acuerdo con esas observaciones, la Sedesol no acreditó la debida admisión de 319 estancias en 2017 respecto al cumplimiento de requisitos y no acreditó el Convenio de Concertación –instrumento mediante el cual se formaliza la entrega de los subsidios– de 659 estancias, es decir, el 7 por ciento de las 9 mil 399 que operaron y debieron suscribirlo, de acuerdo con la auditoría del órgano fiscalizador.
Tampoco acreditó que el 62.8 por ciento de personas incorporadas en 2017 cumplieran los requisitos para recibir el subsidio; no priorizó localidades con las mayores desventajas geográficas, económicas y sociales, ni se comprobó la impartición de capacitación básica, inicial y complementaria, aun cuando reportó la capacitación de 22 mil responsables de estancias.
Esta semana, la Subdirectora de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, enumeró fallas de la entonces Sedesol en la focalización para combatir el rezago social, duplicidad de apoyos económicos, la cuota no regulada, red de prestanombres, 1,656 estancias cerradas y, mostró, supervisores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) detectaron que 16 mil 973 (el 40 por ciento) estancias estaban en riesgo por lo que debieron cerrarse.
«El DIF nos dice que solo el 30 por ciento de las estancias cumple y no tiene situación de riesgo (13 mil 113), el 26 por ciento presenta situaciones que pueden representar riesgo para las niñas y los niños y requieren ser atendidos a corto plazo (11 mil 434), el 40 por ciento está en riesgo total para niñas y niños y debió cerrarse la estancia (16 mil 973), y en 4 por ciento, en el momento en que el DIF hace la visita, encuentra cerrada la estancia (1,656); también podemos hablar de estancias fantasmas, no solamente de niños», expuso Montiel.
No obstante, educadoras han refutado que las supervisiones del DIF eran muy estrictas.
Este día, las organizaciones Oxfam México, GIRE y Save the Children expusieron que el recorte al programa impulsa la desigualdad de oportunidades, la brecha de género y la violación de derechos de los niños,incluyendo el riesgo de abuso sexual en los hogares.
El modelo propuesto de transferencias monetarias directas, justo a las familias con mayor pobreza y del sector informal, tiene “un efecto perverso” al alentar el clientelismo y evade la responsabilidad del Estado en el cuidado de la infancia-educación inicial, y alimenta los estereotipos de género, coincidieron.
